lunes, 14 de marzo de 2016

Presidentes de Bolivia: Entre Urnas y Fusiles 2016







Por: Carlos D. Mesa Gisbert
8 de marzo de 2016

La nueva edición de mi libro “Presidentes de Bolivia Entre Urnas y Fusiles” (la quinta) que se editó por primera vez en 1983, además de los aportes que hace al estudio del cargo presidencial en Bolivia, que estaban ya desarrollados en las cuatro ediciones anteriores, incorpora nuevos elementos que son del mayor interés para el enriquecimiento teórico de una cuestión fundamental de la historia boliviana: la primera magistratura del Estado.

La cuarta edición contaba 753 páginas más XXXI páginas de prólogos. La actual tiene 915 páginas y XL de prólogos.

Vale la pena leer el interesante prólogo de la consagrada historiadora Marie-Daniele Demélas que se suma a los de Alberto Crespo, René Arze y Alcides Parejas.

En esta edición he reelaborado completamente el capítulo 1 dedicado a la Constitución y el Sistema Presidencial, allí hago un intento de ensayo interpretativo y conceptual sobre nuestras constituciones desde 1826 hasta 2009, que va más allá de las consideraciones referidas al cargo sujeto de estudio. La mirada entre la visión política liberal y la híbrida del texto de 2009 es motivo de una sugerente comparación.

He sustituido el capítulo 3 que hacía una valoración cualitativa de los presidentes, por uno totalmente nuevo basado en mi ponencia de ingreso a la Academia Boliviana de Historia. Se titula “Presidentes: ¿El Poder de las Elites?”. En sus páginas buscó demoler mitos referidos a supuestas elites de origen hispano, hago una consideración fundamental sobre la importancia del origen y la estratificación étnica en la construcción de elites, reafirmo la idea de que nuestra sociedad tiene elites sin tradición, me refiero a la compleja relación de mandatarios que iniciaron su vida militar en las filas realistas y aquellos que lo hicieron en las filas patriotas, hago consideraciones sobre presidentes y elites políticas, su origen de cuna, su estatus económico, comparo la ecuación entre provincianismo y cosmopolitismo de los gobernantes en el siglo XIX y primera mitad del XX, los núcleos familiares y el poder y, finalmente, desbarato la idea muy frecuente de que nuestros presidentes en su mayoría fueron improvisados. Por el contrario, la experiencia de la mayor parte de los presidentes en la administración pública es impresionante.

El capítulo 7 ha sido sustancialmente mejorado con nuevos datos sobre los procesos electorales, haciendo una historia comprensible y de fácil lectura de la historia electoral presidencial boliviana desde 1835 (citar este año como el primero de nuestra historia electoral es un aporte nuevo) a hoy con datos homologados sobre resultados electorales, candidatos, siglas y partidos políticos desde 1840 hasta 2014.

He incorporado un capítulo nuevo, el 9, dedicado al cargo vicepresidencial, que merece un desarrollo y tratamiento especial por su vínculo y frecuente antagonismo con el cargo presidencial.

El libro se conoce mayoritariamente por sus cuadros estadísticos que son, sin duda, uno de sus aportes mayores a la historiografía boliviana en historia cuantitativa, que incorporó desde 1990 un recuento exhaustivo de los 1.250 ministros desde Bolívar hasta Morales, y por la iconografía presidencial que contó en su momento con el indiscutible conocimiento de un historiador del arte como mi padre, José de Mesa, quien escogió los mejores retratos presidenciales desde el punto de vista de su calidad artística. Estas partes son relevantes, sin duda, pero me parece que las 319 páginas de estudio sobre el tema que preceden a los cuadros son muy importantes en sus consideraciones sobre estabilidad e inestabilidad, democracia y gobiernos de facto, la conceptualización de los golpes de Estado y el desbaratamiento de la falacia del número de presidentes y de acciones cuartelarias en el país. En sus 190 años de vida independiente Bolivia ha tenido 88 gobiernos y 65 presidentes, ni más ni menos que eso.

FICHA TÉCNICA: “PRESIDENTES DE BOLIVIA ENTRE URNAS Y FUSILES, La Paz 2016, Editorial Gisbert, 5º edición, XL y 915 pp. con ilustraciones. Edición de tapa dura y edición en rústica. 24×17 cm. papel hueso e ilustraciones en papel cuché. Precio Tapa Dura: 430 bolivianos. Precio edición en rústica: 280 bolivianos.
En venta en librerías de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz

Fuente: http://carlosdmesa.com/2016/03/08/5o-edicion-de-mi-libro-presidentes-de-bolivia-entre-urnas-y-fusiles/

_______________________________




El libro cuyo origen fue la ‘caricatura de país’ que pintaban de Bolivia

Carlos Mesa Gisbert acaba de publicar la quinta edición de su libro ‘Presidentes de Bolivia. Entre urnas y fusiles’, que repasa la historia del presidencialismo en el país, sus características y las condiciones del mandato de 65 titulares del Gobierno de Bolivia.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Atahuichi / La Paz
00:02 / 14 de marzo de 2016

Cuando en 1983 Alberto Crespo Rodas escribía que a Carlos Mesa “le ha intrigado, tal vez dolido” que fuera del país crean que Bolivia vive “en medio de un impresionante número de trastornos políticos y cambios de gobierno”, era solo un estigma sin contexto histórico para el país. Entonces Bolivia cumplía 158 años de vida republicana y apenas un año de haber recuperado su democracia, después  de “doscientas revoluciones” previas.

Han pasado 33 años desde aquel prólogo que el escritor, historiador y diplomático boliviano hiciera sobre la primera edición del libro Presidentes de Bolivia. Entre urnas y fusiles, del expresidente Mesa (2003-2005).

Es que, revisando ahora la quinta edición del texto (en circulación en el país desde el lunes), Bolivia tuvo en su historia 24 gobiernos estables (27%), considerando cuatro años o más de duración; 27 de “mediana estabilidad” (31%), de entre uno y cuatro años, y 36 “inestables” (41%), con menos de un año en funciones. Son datos —como aclara el libro— cuyo límite de tiempo es 2015; es decir, sin contar el actual tercer mandato del presidente Evo Morales.

¿Fue tan dramática la situación? Mesa aún masculla la bronca por aquella percepción internacional. Cuenta que, especialmente las agencias extranjeras de información, sostenían que Bolivia “es un país que tiene más golpes de Estado y presidentes que número de años de vida”.

“Eso me ponía con un humor de perros”, dice ahora en una entrevista con Animal Político el periodista, historiador y vocero de la causa marítima. Por eso —recuerda— se puso manos a la obra para tratar de desmitificar el imaginario.

“Ese trabajo, cuyo objetivo era demostrar que Bolivia no era esa caricatura de país que las agencias internacionales decían, terminó en la historia de este libro”, cuenta el autor de la obra que, en esta reciente edición, tiene 913 páginas, con creces lejos del volumen de la escuálida primera edición de 1983.

Escrito en el periodo crítico de la historia del país, entre los gobiernos del dictador Luis García Meza (1980-1981) y del presidente constitucional Hernán Siles Zuazo (1982-1985), Entre urnas y fusiles recoge el transcurso de 65 presidentes de Bolivia, de los de facto y democráticos, hasta el periodo actual de Morales.

Más completo y con mayores elementos que sus ediciones anteriores, la obra hace un repaso interesante sobre datos cuantitativos de la historia con relación a la economía, las situaciones social y política, y los procesos electorales, con matices para el análisis y la revisión histórica.

Del extenso menú, necesario para la consulta y urgente para la lectura, destaca el capítulo referido al poder y las élites, en el que Mesa describe y analiza una serie de variables relativas a la condición social, profesional o política de los presidentes del país. Y esto, para desmitificar el criterio común de que los gobiernos “siempre” fueron de las élites.

¿Y lo fueron? Mesa explica que, a excepción de Aniceto Arce (1880), Gregorio Pacheco (1884-1888) y Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), que “llegaron al poder millonarios”, muchos mandatarios provenían o de clases humildes o de clase media. “Es decir, el número de presidentes de origen humilde es mucho más alto de lo que uno supone”.

Entre urnas y fusiles anota que “entre 1825 y 1879 varios presidentes tenían un origen muy humilde e incluso en algún caso oscuro”. En la lista se cita a Sebastián Ágreda (1841), Eusebio Guilarte (1847-1848), Manuel Isidoro Belzu (1848), Jorge Córdova (1855-1857), Mariano Melgarejo (1864-1871), Agustín Morales (1871-1872) e Hilarión Daza (1876-1879), “casi la mitad de los presidentes de ese periodo”.

ORIGEN. En los siglos XX y XXI, Mesa encuentra con esa misma condición a Bautista Saavedra (1920 y 1921-1925), Felipe S. Guzmán (1925-1926), Germán Busch (1936 y 1936-1939), Enrique Peñaranda (1940-1943), Gualberto Villarroel (1943-1946), Hugo Ballivián (1951-1952), René Barrientos (1966-1969), Juan José Torres (1970-1971), Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001), David Padilla (1978-1979), Celso Torrelio (1981-1982),  Guido Vildoso (1982) y, “obviamente”, Evo Morales (2006-2016). “Eran de extracción o muy humilde o de clase modesta”, describe el libro.

¿Y hubo élites aristocráticas en el país? “La respuesta es no; fueron élites de poca raigambre vinculada a la nobleza”, responde Mesa. Cita a dos presidentes: Andrés de Santa Cruz Calahumana (1829-1839) y José María Linares (1857-1861). El primero fue hijo de una noble aymara, Juana Basilia Calahumana, caciquesa de Huarina, del señorío del Titicaca; y el segundo, descendiente de Casa Real ySeñorío de Rodrigo de Navarra, de España.

Otro punto de consideración es el nivel de preparación de quienes condujeron el país, situación no necesariamente vinculada a la academia, sino a la misma formación para la gestión pública y política de la que gozaron muchos de ellos. “No es cierto que sean una manga de improvisados, que no saben dónde están parados y que llegan de carambola”, describe ahora Mesa.

A ver, de los 65 anfitriones del Palacio de Gobierno, el 22% (14) había sido antes vicepresidente; el 35% (22) de ellos fueron embajadores antes o después; el 58% (38), ministros de Estado; el 18% (13), prefectos; el 8% (5), munícipes; el 48% (30), legisladores, y 8% (5), miembros del Poder Judicial. El actual embajador ante La Haya y agente boliviano en el juicio contra Chile, Eduardo Rodríguez, fue titular de la otrora Corte Suprema de Justicia, y en esa condición accedió a la presidencia de la República (2005) cuando Mesa renunció y los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores de entonces desistieron de la sucesión constitucional.

En el capítulo electoral, Entre urnas y fusiles recoge datos de todas las elecciones presidenciales, candidato por candidato y partido por partido. De ellas, entre 1825 y 1835 era la Asamblea General la que definía el nombre del Presidente de la República. Considera una primera etapa, en 1835, al voto popular a través de juntas electorales de parroquia, por única vez en la historia. La segunda, “voto censitario”, de 1940 a 1951, fue de “voto calificado” durante 25 elecciones; y la última, “voto universal”, de 1956 hasta ahora, con 15 comicios. Mesa recuerda que la elección de Ismael Montes (Partido Liberal), en 1913, fue llamativa, con 77.731 votos, el 98,86% de los electores. Victoria casi por “unanimidad”.

Ya durante el voto universal, Víctor Paz, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), consiguió en 1964 el 97,89% de los votos. “Si ése fue voto transparente, yo soy astronauta”, ironiza el expresidente. Los triunfos más cortos se los atribuye a Hugo Banzer, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), en dos ocasiones (1997 y 1985), y a Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, en tres (2002, 1989 y 1993). Eso “demuestra el proceso de atomización de la elección”, describe Mesa.

En la quinta edición, el autor hace una incorporación de datos y características sobre los vicepresidentes, cuyo papel destaca hasta antes de 2009, cuando se instituyó la actual Constitución Política del Estado (CPE). Él mismo fue vicepresidente de Sánchez de Lozada y en esa condición fue presidente nato del Congreso Nacional, y ante la huida de aquél el 17 de octubre de 2003, su  sucesor constitucional.

VICEPRESIDENTE. Hasta antes de la CPE de 2009, el Vicepresidente tenía “cero incidencia en el Poder Ejecutivo, era la garantía de la separación e independencia de poderes; es que el Vicepresidente no puede estar involucrado en el Poder Ejecutivo”, cuestiona.  Las instituidas en la nueva Constitución son “atribuciones que rompen el sentido republicano”, dice Mesa.

Ahora el Vicepresidente “tiene más poder, porque es cabeza del Órgano Legislativo y parte integrante y coadyuvante de la política exterior y política del Estado del Órgano Ejecutivo”. Ese papel juega el vicepresidente Álvaro García Linera. “Me parece mal” que así sea, sentencia el periodista historiador.



Presidentes de Bolivia. Entre urnas y fusiles es una marea de datos interminables de estudiar, susceptible de continuar alimentándose en adelante. Mesa cree que en seis meses más es capaz de plantearse nuevos elementos de análisis y cuantificación para su próxima edición.

Por el momento, se espera que a los 51 gobiernos constitucionales de Bolivia y a las 40 elecciones por voto directo se sumen muchos más y no haya uno más con relación a los 37 regímenes de facto, por ninguna circunstancia. Y transcurrirán más ministros de los 1801 de la historia descritos uno a uno en el libro.

___________________________________________




lunes, 7 de marzo de 2016

Redes sociales, el mundo que la clase política no logra ‘tomar’







La relación de los políticos en Bolivia con las redes sociales está marcada por la incomprensión. Su desconcierto se caracteriza por una oscilación del poder político que pulula entre insinuar el control de estas plataformas digitales y aprender a usarlas.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 07 de marzo de 2016

Es difícil decir con precisión cuáles son las potencialidades comunicacionales (su efectividad) de las redes sociales (RRSS). En todo caso, al menos al principio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó su derrota en el referéndum del 21 de febrero al uso de estas herramientas por parte de la oposición y habló de la necesidad de debatir su regulación. ¿Cómo son las redes y cómo se fueron convirtiendo en uno de los escenarios de las pugnas y reivindicaciones políticas en Bolivia?

Dentro de sus rasgos generales, hay que convenir que las redes sociales permiten a sus usuarios expresarse e interactuar casi sin limitaciones de contenido ni forma (las propias redes tienen sus normas específicas que prohíben por ejemplo la publicación de posts racistas, entre otros). Si bien son los usuarios quienes se autorregulan unos a otros, los mensajes que se publican muchísimas veces escapan incluso al mismo control del servicio que da una específica red.

Sin embargo, por esta potencialidad de expresión, frente a otras formas de comunicación, las RRSS devienen una herramienta comunicacional privilegiada y, salvo las excepciones mencionadas, libre (incluso considerando a las restricciones a la visibilidad de un post no pagado).

FENÓMENO. El investigador en el tema Pablo Rivero explica el fenómeno comunicacional de las redes sociales en internet: “No son medios convencionales, no son medios unidireccionales”, sino que se crean y popularizan a partir de expresiones sociales (“de ahí el ‘préstamo’ de la categoría sociológica “redes sociales”) a través de la tecnología y el contexto histórico y social, los cuales “convergen en la posibilidad de reproducir —esto es lo importante— las relaciones sociales, ideas, prácticas, creencias y manifestaciones culturales en la web”.

Es decir que son un mecanismo comunicacional que puede ser descrito como multidireccional, que además hace que cohabiten diversidad de códigos, formatos y lenguajes.

En cambio, la política en su sentido más restrictivo y convencional, el que se refiere al ejercicio del poder, es en esencia unidireccional, por tanto, opuesta a la dinámica más bien heterogénea de las redes sociales. Por supuesto, la política en su sentido amplio, de la preocupación y acción por lo público, excede aquella referencia inmediata y tiende a sobrepasar lo que una autoridad dice o hace, ‘invadiendo’ los intersticios cotidianos de la vida; aunque los políticos en ejercicio del poder o pugnando por ejercerlo quieran de una y otra forma monopolizar la práctica de la política. Es en esa forma restrictiva de entender la política que hay una inclinación por lo vertical, lo que en el ámbito comunicacional se expresa en la vocación por controlar los mensajes.

Esta afición del ejercicio del poder es perturbada por herramientas como las redes sociales. Así lo explica Rivero: “Las plataformas en internet (llamadas o mal llamadas ‘redes sociales’) son innovaciones sociales con tecnología de principios del siglo XXI que explosionan las formas controladas de comunicación uni o bidireccional, (que) ‘descontrolan’ las relaciones por canales distribuidos y desconcentrados”.

En efecto, la estructura convencional de las instituciones políticas (partidos e instituciones de Gobierno y Estado) se inclina hacia la centralización de todo, incluidos los mensajes, por lo que la lógica heteróclita de las redes sociales parece haber dejado perpleja a una mayoría de los políticos.

Así lo dice el comunicador Tonny López: “(En las RRSS) el tema es entrar en la interacción entre usuarios. Tanto oficialismo como oposición no tienen mucha idea de cómo se manejan las redes sociales, pero con tanta práctica se están dando cuenta de la dinámica: actuar e interactuar”.

Siguiendo esta misma tesis de la incomprensión política de la lógica de las RRSS, la ciberactivista Eliana Quiroz va aún más lejos, pues señala que los políticos para decodificar o entender las redes requieren de una mediación (que deviene de una autonomía todavía en formación de las mismas redes): las RRSS “aún no pueden ser protagonistas sin ayudas, tienen la necesidad de generar una dupla con los medios de comunicación masivos. Sin éstos, las redes no podrían ser relevantes en la vida política, porque el sistema político aún no entiende el mundo virtual, le es ajeno, lo que más entiende hoy es el lenguaje de los medios. De modo que los medios funcionan como traductores y amplificadores cuando la noticia se genera en internet, o buscan legitimidad de sus contenidos en las redes sociales, donde se cree que la ciudadanía habita”.

PERPLEJIDAD. Rivero afirma que esa perplejidad de los políticos ante las redes tiene varias causas; pero aunque hay excepciones, una mayoría “no logra adoptar una lógica digital y se queda en la práctica analógica, porque aún las prácticas políticas son dominadas por estructuras jerárquicas, centralizadas y con poca presión (jurídica y social) para transparentarse o al menos abrirse a través de recursos digitales, tecnologías (incluso emails o SMS, que ya no son tan nuevas) y ejercicios presenciales. Tenemos además una concentración de mensajes, casi un monopolio, a través de conferencias de prensa y programas de Tv tipo de infotainment [programas que ofrecen información bajo fórmulas de entretenimiento; el término procede de unir information y entertainment]”.

El resultado es el desconcierto de una mayoría de los políticos —desorientación que se transfiere al modo en que las instituciones de la política tradicional se expresan en las redes— los cuales se mueven oscilantes entre un extremo y otro, esto es: intentar comprender estas herramientas usándolas, o proponer controlarlas (como en el caso del oficialismo) o utilizarlas desde una lógica de centralización del mensaje en el caso de las oposiciones. Ese movimiento oscilante está bien descrito por López, cuando se refiere a cuatro hitos de la relación entre el poder político y las redes sociales.

Estos cuatro momentos son: 1) la escaramuza de posts en Twitter entre Carlos Mesa y Sacha Llorenti. “Ésta fue la primera vez que los medios tomaron un post de redes como fuente”; 2) en octubre de 2012, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que se encuentra anotando los nombres y apellidos de quienes insultan al Presidente en RRSS; 3) en 2015, Evo Morales ve debilidad de su campaña en redes sociales e instruye a sus seguidores a utilizar la herramienta y hacer proselitismo en ese espacio (recientemente, García Linera llamó a jóvenes del área rural a hacer lo propio: utilizar las redes para desmentir lo que considera falsedades que se difunden en las plataformas digitales); y 4) en febrero de 2016, luego del referéndum constitucional, cuando Morales dijo que las redes “tumban” gobiernos y hay que debatir su regulación.

Como se ve, en estos hitos está la oscilación entre la repulsión por las redes sociales, y la necesidad por parte de los políticos de acudir a ellas.  Tal vez, la traslación de la política a la web (originada en el no planificado choque entre Llorenti y Mesa) es, “como mucho (de lo que sucede) en la web, espontáneo e intuitivo”, describe Rivero. En todo caso, frente a la tentación de regular las redes están los ensayos, tanto de políticos como de las instituciones públicas (partidos y sus variaciones), que buscan utilizar las redes sociales y comprender sus mecanismos.

El acercamiento a las redes por parte de los políticos vinculados al ejercicio del poder es relatado por Quiroz por oposición a esa otra política del activismo (ciberactivismo)relacionada a temas de interés público como los derechos de las mujeres, acceso a la información, etc.

Antes del referéndum de 2016 —da cuenta Quiroz—, en Bolivia la internet era reconocida como un “espacio político en disputa” solo por algunos ciudadanos y otros tantos periodistas. “Las organizaciones políticas, los políticos y las entidades de Gobierno tenían escasa actividad en espacios virtuales”. Entonces, la política en la web boliviana sucedía “sobre todo del lado de la ciudadanía con expresiones activistas con las más diversas causas”: derechos de los animales, mejora del servicio de internet, violencia de género, promoción del uso de software libre, temas medioambientales, entre otras.

CAMPAÑAS. El sistema político había frecuentado las redes sociales solo en la campaña de las elecciones generales de 2014, cuenta Quiroz. Los partidos prácticamente no tuvieron presencia fuera de esa época electoral. Mientras tanto, algunas personalidades políticas tenían cuentas “medianamente bien administradas”, como Betty Tejada, Óscar Ortiz, Manuel Canelas o Samuel Doria Medina. Aunque, “usualmente, carecían de la interacción con la ciudadanía”. López midió que solo el 3% de los políticos administran sus cuentas personales en RRSS, el resto lo delega a terceras personas.

Por lo demás, estas herramientas usualmente eran utilizadas para la difusión de sus actividades, vuelve Quiroz. Un ejemplo de “buena administración” es Carlos Mesa. Por ejemplo, en la entrevista en PAT en que este expresidente desmintió que tenga una intención de ser candidato a la presidencia en 2019, se refirió al aspecto práctico de su cuenta en Twitter, señalando que le permite dar una declaración pública sin la necesidad de llamar a una conferencia de prensa, lo cual muestra la consciencia de la “dupla” entre medios y redes, anotada por Quiroz. En cuanto a entidades de Gobierno, concluye la ciberactivista, muy pocas “informaban y proponían interacción al público a través de sus cuentas de Twitter o Facebook”.

Hoy una buena excepción es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que interactúa todo el tiempo con los usuarios. El resto de instituciones estatales con presencia en RRSS todavía se queda en las buenas intenciones, manteniendo sus cuentas inactivas a veces durante varios días y reapareciendo solo cuando una coyuntura crítica les obliga a informar mediante estas herramientas (por ejemplo el caso de YPFB y las lamentables muertes por intoxicación de la semana que acaba). En el ínterin, cuando no existe una situación de crisis, es posible que las cuentas de instituciones estatales caminen con un exceso de cautela, que les hace preferir la inactividad.

Aunque cabe decir que esas cuentas, por más activas que estén, informando de sus actividades, están lejos del manejo de redes que hace el TSE.Rivero remarca esta falencia con ejemplos en que las prácticas políticas se han “normalizado” en plataformas en internet, ya que “allí es donde ‘está’ la gente y las esferas políticas sienten la necesidad de aproximarse, de llevar su mensaje”. Pero, otra vez: “en Bolivia aún se mantiene una lógica unidireccional o restringida de la práctica política en la web”.

En cuanto a la relación de usuarios con instituciones de Gobierno, “no hay una legislación sobre transparencia, datos abiertos y control social; tampoco hay una decisión política de generar mecanismos de intercambio o generación colectiva de normas, políticas o iniciativas ciudadanas por la web o con aprovechamiento de redes sociales en internet”, cuestiona al mencionar que no hay que ir muy lejos para encontrar buenos ejemplos de lo contrario a lo que sucede en Bolivia: “en Colombia hay ejemplos muy interesantes de prácticas políticas abiertas, basadas en plataformas tecnológicas, que buscan involucrar y acercarse a la gente”.

Después de todo este recorrido, volviendo al hito cuatro que enumeraba López (Morales diciendo que las RRSS tumban gobiernos y que hay que debatir su regulación), se puede decir con Quiroz que la novedad es que, durante la campaña del referéndum hasta hoy, “la dinámica social en internet ha logrado imponer agenda política y construir un relato social de una manera vertiginosa y llena de emotividad, como son las redes sociales digitales”.

Entonces, ¿servirá de algo regular las redes en función de la conclusión del MAS de que fueron factor determinante en su derrota (es claro que debe haber una regulación orientada exclusivamente a permitir su uso en la lucha de delitos como la trata de personas, por ejemplo) o sería mejor seguir intentando despojarse de la persistencia intrínseca pero no fatal ni insuperable, de la vocación del ejercicio del poder?

Una conclusión oportuna es la de Quiroz al contestar la pregunta ¿cómo pueden los políticos y organizaciones políticas incluirse en la dinámica de las redes?: “Entendiendo y aprendiendo cómo funcionan, convirtiéndose en actores relevantes del ciberespacio, generando contenidos apreciados (esperemos que sanos, no farandulescos, ya que ambos son aceptados), porque una de las características de las sociedades en internet es que son meritocráticas, no vale hablar sino hacer”.

_________________________________________

Regular las redes

 

Regular las redes no requiere tipificar nuevos tipos penales y sanciones; el proyecto de ley presentado nos haría pensar que las redes son una dimensión paralela con sus propios delitos. Seguir en esa lógica nos llevaría a duplicar el Código Penal, reinventando cada ley para adecuarse a esta cosa (para nada) misteriosa llamada internet.

La Razón (Edición Impresa) / Amaru Villanueva Rance
00:06 / 07 de marzo de 2016

Mucho se ha dicho en las últimas semanas acerca de regular las —mal llamadas— redes sociales, herramientas acerca de las cuales la mayoría de nosotros seguramente podría autoproclamarse como experto. Sin embargo, nos inundan los lugares comunes y simplificaciones acerca de una serie de debates complejos que absurdamente nos posicionarían en dos bandos (onda plebiscito) acerca de si deberían o no ser reguladas.

Asumiendo con entusiasmo el riesgo de decir cosas que a muchos no les agradará leer, en los siguientes tres puntos argumentaré que las redes en definitiva son objeto legítimo de regulación, pero quizá no como se está planteando desde una falsa dicotomía entre control y libertad a secas.

ASIMETRÍAS. El paraíso perdido del ciberespacio: el primer punto tiene que ver con la naturaleza ostensiblemente libre y democrática de este plano digital. En nuestro ciberutopismo, a veces intentamos creer que las redes son espacios extraterritoriales donde reinan las voluntades de millones de ciudadanos soberanos, quienes con sus opiniones y debate constituyen una especie de ágora virtual libre de todo dominio.

Pero la mayoría del tiempo ignoramos que se vienen acrecentando las asimetrías en este plano: desde los términos y condiciones a los que estamos sujetos, pasando por la territorialización de nuestros datos (que no se encuentran en la “nube”, sino en enormes granjas de servidores, generalmente en Estados Unidos), y el acceso sigiloso que tienen a nuestra información personal agencias como la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, National Security Agency).

Es decir, le negamos fervientemente a un Estado lo que sin siquiera percibirlo le concedemos a las grandes corporaciones, e incluso a gobiernos de otros países. Nuestras redes ya están profundamente reguladas, y la más clara evidencia que tenemos de ello es nuestra pedestre ignorancia de este hecho.

Tampoco es cierto que internet es un plano horizontal donde todos (al fin, aleluya) somos “iguales”, basándose esta ilusión en un libertarismo profundamente conservador en la que la igualdad es meramente una potencialidad. Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede crear una cuenta, compartir contenido y llegar a miles de personas, existen desequilibrios monstruosos en el alcance de las publicaciones debido al pauteo, o difusión pagada. El volumen de nuestra voz digital está cada vez más condicionada por nuestra capacidad de pago.

ANONIMATO. Los rostros camaleónicos de la anonimidad: el segundo punto de este análisis tiene que ver con el anonimato, que en la corta pero extensa historia del internet ha servido para que ciudadanos revelen información de interés público sin correr riesgos sobre su seguridad personal.

Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales (donde los medios y periodistas son responsables de la información que presentan), las redes permiten la difusión masiva de información de todo tipo de manera anónima, haciéndose cuando menos dificultosa una rendición de cuentas razonable.

Existen leyes vigentes en nuestro país respecto a la calumnia, el acoso político, la violencia de género, la protección de menores, así como en relación al racismo y toda forma de discriminación. Pero la mayoría de las veces no existen personas jurídicas o naturales a quienes se les puedan atribuir muchas de estas ofensas.

El mismo Facebook está consciente de los problemas que genera el no poder vincular a personas naturales con cuentas específicas y por ello ha impuesto la condición (no siempre cumplida) de que las cuentas deben llevar nombres y apellidos reales.

La policía en distintas partes del mundo hace pedidos de información a ésta y otras corporaciones con el fin de investigar y resolver crímenes de toda índole. La validez jurídica de estas evidencias es cada vez más reconocida por cortes y sistemas legales. La razón es que la preocupación por regular las redes no solo surge entre políticos, sino entre quienes son objeto de acoso sexual, político o víctimas de violencia digital.

El pasado martes, la Policía federal brasileña arrestó al vicepresidente de Facebook para América Latina porque la empresa se rehusó a revelar datos de WhatsApp (adquirida por Facebook en 2014) ligados a un caso acerca del tráfico de cocaína.

Pero ésta y otras empresas globales en algunos casos ofrecen mecanismos para la liberación de información: en la primera mitad de 2015 (último periodo para el cual se dispone de datos), 91 países realizaron pedidos de información a Facebook un total de 38.946 veces; casi la mitad por Estados Unidos. Al mismo tiempo, 20.568 contenidos han sido restringidos a pedido de gobiernos en base a sus leyes locales (por ejemplo en Francia, donde se han restringido contenidos 295 veces, es ilegal cuestionar la existencia de crímenes contra la humanidad como el Holocausto).

Bolivia no se encuentra en esa lista. Y no es necesariamente un motivo para celebrar. Si el Estado boliviano no ha solicitado este tipo de información hasta el momento, quizá sea por inoperancia investigativa o por deficiencias en nuestras leyes al no poder hacer uso judicial efectivo de evidencias de esa naturaleza.

La posibilidad del anonimato ciertamente tiene usos loables en las redes, pero también abre la puerta a una serie de problemas. Partiendo de una acepción básica del bien común, el anonimato en la red no es valioso porque nos permite decirle ‘chusma’ al vecino sin ser descubiertos, sino más bien porque puede salvaguardar o promover otros derechos que sí son de interés público, como la filtración a WikiLeaks por parte de Chelsea (née Bradley) Manning de documentos clasificados acerca de las guerras en Irak y Afganistán en 2010.

REGULACIÓN. Nuestra realidad es virtual: esto me lleva al tercer punto, que trata de la inevitabilidad de la regulación de las redes. Una regulación extrema, como la que existe en China, sería inviable sin un sistema de vigilancia masivo que atente contra la libertad de expresión y asociación garantizados, no solo por nuestra Constitución, sino por una serie de tratados y convenciones a los que estamos sujetos como país.

Considero que la ofuscación conceptual parte de que este plano no termina de definirse entre la esfera pública (como los medios tradicionales) y la privada (como las conversaciones entre amigos en un café). Pero caer en este debate sería una distracción.

Es mentira que las redes no estén reguladas hoy en Bolivia, stricto sensu. Todo acto que tiene lugar en la esfera pública (y muchos actos, como la violencia doméstica, que a veces se pensaría pertenecen a la esfera privada) son objeto de las leyes de nuestro Estado. Solo sucede que en 2016 no existen los mecanismos para efectivizar un cumplimiento de las leyes cuando los hechos suceden en internet. Es decir, la recolección y validez de evidencias obtenidas en las redes hoy por hoy no están normadas.

El posibilitar esta tarea en mi opinión no requiere tipificar nuevos tipos penales con sus respectivas sanciones; el proyecto de ley presentado nos haría pensar que las redes son una dimensión paralela con sus propios delitos. Seguir en esta lógica nos llevaría a duplicar el Código Penal, reinventando cada ley para adecuarse a esta cosa (para nada) misteriosa a la que llamamos internet.

Las redes no pertenecen a una esfera etérea y desterritorializada en la que a veces, en nuestro ciberutopismo, quisiéramos creer. ¿Por qué debería ser legal difamar a alguien en la red mientras que hacerlo offline es una ofensa penada por ley? La pregunta de fondo es si estos espacios digitales pueden ser regulados de forma razonable y proporcionada, de tal manera que no se infrinja sobre la privacidad, libertades de expresión, asociación y (en algunos casos) el anonimato de los usuarios. Ningún país en el mundo ha encontrado aún una respuesta convincente a esta pregunta.


___________________________________________

‘Memetización’ de la política

 

¿Es posible/deseable regular las redes sociales digitales, habida cuenta de su enorme potencial expresado en la ‘memetización’ de la política? Sostengo que antes de pensar en regular las redes, el reto mayor es democratizarlas.

La Razón (Edición Impresa) / José Luis Exeni Rodríguez
00:03 / 07 de marzo de 2016

Dudas, vendettas, obsesiones. ¿Es posible regular las redes sociales digitales? ¿Es deseable hacerlo? En otra lógica: ¿qué hacer para “controlar” o al menos atenuar su demostrado potencial como escenario/instrumento de guerra sucia? O mejor: ¿de qué modo alentar su energía creadora, dialógica, movilizadora, participativa? En nuestra democracia electoral, las redes sociales llegaron para quedarse, como ha quedado sobradamente demostrado en el referendo constitucional. Y bien haremos en darles la bienvenida con debate y multitud de preguntas.

Regular o no regular. Cuando en el equipo técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), del Tribunal Supremo Electoral, elaborábamos la propuesta de Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, asumimos por principio que, en materia electoral, no es posible ni deseable regular las redes sociales digitales. Coincidimos más bien en que el desafío radica en impulsar en ellas el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión, en el horizonte de la democracia intercultural.

La premisa es que las redes sociales digitales, ora escenario, ora protagonistas, son espacios públicos (virtuales) donde difícilmente un órgano del poder público puede intervenir para normar, vigilar, castigar… Así, al igual que en la agenda informativa y de opinión en los medios de difusión masiva, reafirmamos que las ideas, opiniones y debates en las redes sociales en torno a procesos electorales y referendarios en el país deben manifestarse libremente, sin restricciones, ni controles, ni censura previa.

Ahora bien. Sostenida la convicción/principio en torno a la no regulación de las redes sociales digitales, resulta necesario considerar, a beneficio de inventario, algunos matices y atenuantes. ¿Se pueden adoptar ciertas reglas mínimas para los sitios web y las redes sociales en materia electoral? La respuesta es que no solo es posible, sino necesario. Con las cuentas oficiales de entidades públicas y de organizaciones políticas, por ejemplo. Veamos el más reciente, probatorio ejercicio.

En el mencionado Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo se estableció una innovadora prohibición para las entidades públicas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas: “no podrán hacer uso de sus páginas web y sus redes sociales digitales oficiales, dependientes o de subdominio, para la difusión de propaganda electoral durante todo el periodo electoral”, establecía el artículo 35. Con algunos enojos, se hizo cumplir. Y se reconoció como avance.
También fue necesario dar cuenta del carácter esencial pero no absoluto de la libertad de expresión. ¿Cómo se hizo desde la normativa electoral? Señalando que las informaciones, opiniones y debates en las redes sociales digitales, como en cualquier espacio público, deben ejercerse “tomando en cuenta las limitaciones vigentes en la Constitución Política del Estado, y en otras leyes, que tengan por finalidad la preservación de los derechos fundamentales de las personas”. Parece obvio. En la práctica no lo es tanto.

¿Y la guerra sucia? ¿Qué hacer? ¿Es posible evitarla en las redes sociales? En el reciente estudio Comicios Mediáticos II se evidenció que la propaganda negativa, cuyo espacio privilegiado en el pasado fueron los spots televisivos de propaganda pagada, se había traslado ya en las elecciones generales de 2014 a la agenda informativa y, en especial, a las redes sociales digitales. La tendencia se acentuó en el reciente referendo. Y aquí la intervención del Órgano Electoral se limitó a una exhortación que se (de)mostró insuficiente e inútil.

Memes, memes, memes. Ahora bien, más allá del debate, todavía rudimentario, acerca de la (no) regulación en las redes sociales digitales, quizás lo más relevante en este campo, en torno al referendo constitucional 2016, tiene que ver con la entrada en escena de un fenómeno que, en clave exploratoria, identifico como “memetización” de la política. ¿Qué significa? Planteo dos hipótesis. La primera es que los memes y su veloz propagación en las redes adquieren centralidad en el debate público-político como unidad de contenido/difusión en las comunidades virtuales.

La segunda hipótesis es que hoy la competencia electoral, con creciente presencia de los medios interactivos que tienden a competir con los aún dominantes medios masivos (en especial la televisión), tiene en los memes un eficaz instrumento de campaña y de propaganda. La viralización de los llamados “sucesos de campaña” a través de memes compartidos, reconocidos, vinculados con otros memes, (re)interpretados y, en su caso, “exportados” a la agenda mediática, construye asociaciones de pertenencia política en torno a una candidatura o, en referendos, una opción.

Claro que, como ocurre con la todavía existente “spotización” de la política, el recurso a los memes privilegia las imágenes más que las propuestas, subordina el qué se dice al cómo se dice, debilita la deliberación pública con mensajes simpáticos y creativos pero usualmente efímeros, resalta las consignas por encima de los argumentos… Demás está decir que resultaría ingenuo pedirle otra cosa a la política “memetizada”. Su naturaleza es precisamente ésa. Y debemos asumirla como dato.

Así, tras esta breve exploración, replanteo la pregunta de origen. ¿Es posible/deseable regular las redes sociales digitales, habida cuenta de su enorme potencial expresado en la “memetización” de la política? Sostengo que antes de pensar en regular las redes, el reto mayor es democratizarlas. Al menos en dos sentidos: de acceso, hoy restringido para una parte sustantiva de la población; y de participación, como espacio no de guerra sucia, no de insulto anónimo, sino para el diálogo plural y la deliberación informada.

Concluyo subrayando, como ventanita, tres buenas noticias. La primera, para la comunicación, es que hay mucha comunicación más allá de los medios de difusión y las redes sociales digitales. La segunda buena noticia, para la democracia, es que hay mucha democracia más allá del sufragio individual y las organizaciones políticas. Y la tercera, en fin, para la política, es que hay mucha política más allá de su “spotización” y su “memetización”. Corren tiempos intensos e interesantes en nuestro complejo proceso de refundación estatal.